La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública para recoger opiniones a fin de elaborar un enfoque europeo de la quiebra y la insolvencia de las empresas, centrado en ayudar a que las empresas sanas sobrevivan y a que los empresarios tengan una segunda oportunidad, al tiempo que se protege el derecho de los acreedores a recuperar su dinero. Los procedimientos deben ser rápidos y eficaces en interés de deudores y acreedores, y contribuir a proteger el empleo, ayudar a los proveedores a mantener su clientela y a los propietarios a conservar el valor de sus empresas viables.
Las diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia pueden crear inseguridad jurídica y un entorno empresarial hostil. Las cuestiones clave son el plazo de extinción de la deuda, las condiciones de apertura de un procedimiento, la interposición de acciones y las normas relativas a los planes de reestructuración, que pueden incidir negativamente en las inversiones transfronterizas.
La consulta abierta permitirá recibir las opiniones y contribuciones de los interesados sobre la mejor forma de evitar estos problemas hsta el 11 de octubre.
La modernización propuesta del Reglamento sobre insolvencia de la UE, que data del año 2000, es un primer paso fundamental para acercar la legislación en materia de insolvencia de la UE al siglo XXI (IP/12/1354, MEMO/12/969). Al mismo tiempo, es evidente que una revisión del Reglamento por sí solo no puede abordar problemas subyacentes de las insolvencias transfronterizas, como son las diferencias, a veces marcadas, entre las legislaciones nacionales en la materia. De ahí que la Comunicación adoptada por la Comisión en paralelo a la propuesta de Reglamento sobre insolvencia de diciembre de 2012 iniciara un proceso de reflexión sobre un nuevo enfoque de la UE respecto a la quiebra de las empresas, a la luz de las divergencias entre las normativas nacionales sobre insolvencia, del cual la consulta iniciada hoy es continuación.
Una de las cuestiones planteadas en la consulta es la necesidad de armonizar el «plazo de liquidación» (el tiempo necesario para cerrar una empresa en situación de quiebra), que suele considerarse vital para volver a poner en marcha una empresa. Actualmente, el tiempo necesario para cerrar una empresa en situación de quiebra varía notablemente dentro de la UE, desde los cuatro meses de Irlanda a los más de seis años de la República Checa, y en algunos países los empresarios en quiebra no puede obtener el levantamiento en absoluto.
La consulta también aborda las normas que regulan el ejercicio de la profesión de los liquidadores. También se pregunta a los interesados si las normas vigentes sobre las obligaciones y responsabilidades de los directores en caso de insolvencia generan problemas en la práctica y si deben introducirse normas a escala de la UE para garantizar que los gestores fraudulentos que hayan sido inhabilitados en un país se vean imposibilitados de gestionar una empresa en otro país. Por último, se consulta sobre si la inseguridad jurídica causada por las distintas condiciones que rigen la anulación ante los tribunales nacionales de los actos de deudores insolventes que perjudiquen a sus acreedores ha creado problemas en la práctica.
Contexto
Las empresas son esenciales para crear prosperidad y empleos, pero crear una y mantenerla en marcha resulta difícil, especialmente en el actual clima económico.
Las cifras ponen de manifiesto la necesidad urgente de que se adopten medidas en este ámbito: la mitad de las empresas no supera los primeros cinco años de existencia. En la UE, quiebra cada año una media de 200 000 empresas, lo que resulta en la pérdida de 1 700 000 puestos de trabajo directos. Una cuarta parte de estas quiebras incluyen un elemento transfronterizo.
Como respuesta europea, la Comisión presentó en diciembre de 2012 un paquete de medidas para modernizar las normas en materia de insolvencia (IP/12/1354, MEMO/12/969), cuyos elementos principales eran una propuesta de modificación del Reglamento sobre insolvencia y la Comunicación «Nuevo enfoque europeo de la quiebra y la insolvencia de empresas».
El Derecho europeo en materia de insolvencia se recoge en el Reglamento (CE) Nº 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia (el «Reglamento sobre insolvencia»), aplicable desde el 31 de mayo de 2002. El Reglamento contiene normas sobre la jurisdicción, el reconocimiento y la ley aplicable y establece la coordinación de los procedimientos de insolvencia incoados en varios Estados miembros. El Reglamento es de aplicación cuando el deudor tiene activos o acreedores en más de un Estado miembro.